Toda esta cuestión deriva de la causa colectiva iniciada por el defensor del Pueblo ante la Justicia Federal, solicitando habilitación de representación, basado en la sentencia de Cámara Federal Sala II, para que la Anses devolviera y dejara de descontar el 13% que en 2001 efectuara el gobierno de Fernando de la Rúa. Posteriormente, Eduardo Duhalde, emite un decreto ordenando la devolución de las cifras retenidas. En el caso que nos ocupa, la Corte Suprema habilita al defensor del Pueblo en la representatividad colectiva de los jubilados, pidiendo se le aplique en sentencia colectiva lo resuelto en las dos sentencias de 2006 y 2007, en el caso Badaro, Adolfo Valentín.

El Congreso de la Nación había omitido fijar pautas de movilidad a partir de la crisis de 2001-2002. El alto Tribunal verifica los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo, mediante decretos, para los haberes mínimos y menores a $ 1.000. Hasta ese momento (2006), no se habían dado mejoras a los que percibían más de $ 1.000. Luego de la primera sentencia a Badaro, el Ejecutivo sube un 13%, pero no subsana la situación vinculada por los años anteriores. Ese mismo año, por decreto, se brinda -primero- aumentos del 11% y -después- del 12,5%.

En la cronología de los hechos, luego la Corte emite la segunda sentencia de Badaro (26/11/2007). Para ese caso, dispone que se le ajuste el haber (ya que a 2001 percibía más de $ 1.000) a partir del 1 de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, tomando como base las variaciones del índice de salarios del Indec.

Surge de esto, un porcentual del 88,57% de ajuste, descontándole el 11% del decreto 764/06, que ya había percibido Badaro. En este contexto se pronuncia que sólo se puede aplicar la sentencia Badaro a los haberes mayores a $ 1.000 que percibían en 2001, y a los haberes menores a $ 1.000, que no fuesen los haberes mínimos, ya que los mismos habían obtenido aumentos del 10% y del 11% en ese lapso. No se aplica a los mínimos porque en ese lapso obtuvieron aumentos del 340% mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU). Por eso es que el ombudsman solicita que se aplique a todos los juicios esta sentencia.

Con la respuesta de la Anses a la Corte, sólo resta saber el veredicto.